Peer to peer o P2P, de esta manera genérica y poco exacta se alude a las redes de trabajo “entre iguales”, aquellas que no ejecutan una rutina servidor-cliente unidireccional, sino en la que diversos nodos generan relaciones en las que estas funciones se simultanean e intercambian. Por oposición contrasta con el modelo monolítico cliente-servidor donde no puede haber intercambio de los roles.
La función más extendida entre usuarios a nivel de software es el intercambio de archivos. Definiendo finalmente con este nombre a cualquier programa de este tipo, aun no cumpliendo algunos de estos, de manera exacta, la definición.
Toda una generación de jóvenes, y no tan jóvenes, han crecido haciendo uso de estas herramientas que indudablemente favorecen la implantación de las nuevas tecnologías.
El punto de vista de la administración hacia este fenómeno ha sido la protección de derechos de propiedad intelectual a través de Ordenes Ministeriales, que fijan “cánones” digitales sobre cualquier soporte que sea susceptible de almacenar información. Extraña relación causa-efecto amparada en la ley de propiedad intelectual de 1996.
La beneficiada de todos estos dislates no es otra que una entidad de gestión de derechos de autor (SGAE) que a través del art. 150 del Texto Refundido de la Propiedad Intelectual vio reconocida una capacidad para ejercer derechos, representando a sus autores en todo tipo de procedimientos.
Como su conocida voracidad es conocida, pretendió ejercer estos derechos de manera monopolística, circunstancia que censuró el Tribunal Supremo en sentencia de 2006.
El problema principal es que la administración ha fijado un “canon” que a efectos prácticos funciona como un tributo encubierto sobre el que ni siquiera los ciudadanos pueden ejercer sus derechos como garantía legal.
Escrito por Pedro Herrero
La función más extendida entre usuarios a nivel de software es el intercambio de archivos. Definiendo finalmente con este nombre a cualquier programa de este tipo, aun no cumpliendo algunos de estos, de manera exacta, la definición.
Toda una generación de jóvenes, y no tan jóvenes, han crecido haciendo uso de estas herramientas que indudablemente favorecen la implantación de las nuevas tecnologías.
El punto de vista de la administración hacia este fenómeno ha sido la protección de derechos de propiedad intelectual a través de Ordenes Ministeriales, que fijan “cánones” digitales sobre cualquier soporte que sea susceptible de almacenar información. Extraña relación causa-efecto amparada en la ley de propiedad intelectual de 1996.
La beneficiada de todos estos dislates no es otra que una entidad de gestión de derechos de autor (SGAE) que a través del art. 150 del Texto Refundido de la Propiedad Intelectual vio reconocida una capacidad para ejercer derechos, representando a sus autores en todo tipo de procedimientos.
Como su conocida voracidad es conocida, pretendió ejercer estos derechos de manera monopolística, circunstancia que censuró el Tribunal Supremo en sentencia de 2006.
El problema principal es que la administración ha fijado un “canon” que a efectos prácticos funciona como un tributo encubierto sobre el que ni siquiera los ciudadanos pueden ejercer sus derechos como garantía legal.
Escrito por Pedro Herrero
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