"Los documentos emitidos, cualquiera que sea su soporte, por medios electrónicos, informáticos o telemáticos por las Administraciones Públicas, o los que éstas emitan como copias de originales almacenados por estos mismos medios gozarán de la validez y eficacia de documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y conservación y, en su caso, la recepción por el interesado, así como el cumplimiento de las garantías y requisitos exigidos por ésta u otras leyes."
Davasa Rodríguez, Miguel Ángel. Manual de Derecho Informático Aranzadi, Madrid 1997.
La administración es reticente a los cambios. Su propia estructura, por prudencia, debe pensar en proyectarse a lo largo de los años como modelo de estabilidad. No es una empresa, y debido a los privilegios que maneja y a sus capacidades, un posible error en su funcionamiento puede disponer toda una cadena de faltas sucesivas que producirán efectos muy graves en los ciudadanos.
Dentro de esta organización tan especial, los documentos administrativos son su alma mater. Al funcionario y a su puesto de trabajo se le define por la relación que mantenga con el procedimiento administrativo. Por todo ello plantear un cambio de criterio en una materia tan sensible como esta es bastante controvertido.
“…El personal de la Universidad utiliza aplicaciones informáticas para generar documentos electrónicos cuya única misión es ser impresos. Es más, una vez realizada la impresión, el documento electrónico no tiene más valor que la seguridad de poder generar otra copia en papel o de poder generar otro documento impreso con ligeras modificaciones sobre el anterior.”
Luis Miguel Jiménez Díaz director ejecutivo de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), una sociedad mercantil participada mayoritariamente por seis universidades públicas españolas, plantea empezar este proceso de transformación, mediante los documentos internos de gestión, tomando como modelo los programas de contabilidad interna, que generan una serie de “papeles de trabajo” que no necesitan de su reflejo en papel para ser utilizados en red. En caso de que se diese un error la principal perjudicada sería la propia administración.
Por ello sorprende el desmedido interés del gobierno en involucrar a los ciudadanos en la aventura del Dni electrónico, cuando la propia administración no es capaz de de autogestionarse sin papel. Y es que hablar de documentos administrativos es hablar de “firma”, de una identificación y de una serie de compromisos y responsabilidades que conllevan el reconocimiento de, por ejemplo, la autoría de un papel adjunto a un expediente. Parece que es la propia administración la que está dejando pasar al burro delante.
Escrito por Pedro Herrero
http://www.monografias.com/trabajos7/delec/delec.shtml#españa
http://www.ugr.es/~vjarchiv/images/Rosa.doc
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07871&txtlen=1000
http://www.fiscalizacion.es/?p=402
Davasa Rodríguez, Miguel Ángel. Manual de Derecho Informático Aranzadi, Madrid 1997.
La administración es reticente a los cambios. Su propia estructura, por prudencia, debe pensar en proyectarse a lo largo de los años como modelo de estabilidad. No es una empresa, y debido a los privilegios que maneja y a sus capacidades, un posible error en su funcionamiento puede disponer toda una cadena de faltas sucesivas que producirán efectos muy graves en los ciudadanos.
Dentro de esta organización tan especial, los documentos administrativos son su alma mater. Al funcionario y a su puesto de trabajo se le define por la relación que mantenga con el procedimiento administrativo. Por todo ello plantear un cambio de criterio en una materia tan sensible como esta es bastante controvertido.
“…El personal de la Universidad utiliza aplicaciones informáticas para generar documentos electrónicos cuya única misión es ser impresos. Es más, una vez realizada la impresión, el documento electrónico no tiene más valor que la seguridad de poder generar otra copia en papel o de poder generar otro documento impreso con ligeras modificaciones sobre el anterior.”
Luis Miguel Jiménez Díaz director ejecutivo de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU), una sociedad mercantil participada mayoritariamente por seis universidades públicas españolas, plantea empezar este proceso de transformación, mediante los documentos internos de gestión, tomando como modelo los programas de contabilidad interna, que generan una serie de “papeles de trabajo” que no necesitan de su reflejo en papel para ser utilizados en red. En caso de que se diese un error la principal perjudicada sería la propia administración.
Por ello sorprende el desmedido interés del gobierno en involucrar a los ciudadanos en la aventura del Dni electrónico, cuando la propia administración no es capaz de de autogestionarse sin papel. Y es que hablar de documentos administrativos es hablar de “firma”, de una identificación y de una serie de compromisos y responsabilidades que conllevan el reconocimiento de, por ejemplo, la autoría de un papel adjunto a un expediente. Parece que es la propia administración la que está dejando pasar al burro delante.
Escrito por Pedro Herrero
http://www.monografias.com/trabajos7/delec/delec.shtml#españa
http://www.ugr.es/~vjarchiv/images/Rosa.doc
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/07871&txtlen=1000
http://www.fiscalizacion.es/?p=402
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